La masiva movilización universitaria de este martes no solo fue una demostración de fuerza en las calles, sino también el lanzamiento de una ofensiva legal que apunta directamente al cuarto piso de Talcahuano 550. El documento leído ante la multitud incluyó un reclamo explícito y urgente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instándola a intervenir para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y proteger la institucionalidad frente a lo que consideran un avasallamiento de las competencias legislativas por parte del Gobierno.
El pedido a los jueces del máximo tribunal se fundamenta en la necesidad de que la justicia actúe como un «freno constitucional» ante la decisión del presidente Javier Milei de vetar o desfinanciar partidas que ya han sido sancionadas por el Congreso. Los referentes académicos argumentan que la autonomía universitaria y el derecho a la educación superior son principios de rango constitucional que la Corte debe tutelar, especialmente cuando se encuentran bajo amenaza por decisiones administrativas que asfixian el presupuesto de funcionamiento y los salarios de los trabajadores.
Este hito marca una judicialización definitiva del conflicto. El documento advierte que, si el diálogo con la Casa Rosada permanece cerrado y el veto se ratifica, será la Justicia la encargada de determinar si el Ejecutivo puede ignorar una ley que establece parámetros mínimos de financiamiento para el sistema científico y educativo. De este modo, la comunidad universitaria busca que la Corte se pronuncie sobre la razonabilidad del ajuste, exigiendo que se restablezca el equilibrio entre el déficit cero y la obligación del Estado de sostener las funciones esenciales de sus instituciones académicas.
