La macroeconomía argentina atraviesa un período de profunda reconfiguración donde la baja de ciertos indicadores nominales choca de frente con la realidad material de los hogares. En este escenario de fuerte polarización, un nuevo relevamiento de opinión pública pone números a la variable más sensible del programa de gobierno: el tiempo. La medición, enfocada en evaluar el nivel de tolerancia de la sociedad civil frente al severo recorte del gasto público y la actualización tarifaria que implementó el presidente Javier Milei, expone un escenario de fatiga social que empieza a condicionar el optimismo que el oficialismo intenta consolidar en su narrativa diaria. El núcleo de la investigación gira en torno a una pregunta crucial para el devenir político de los próximos meses, vinculada a cuánto tiempo más está dispuesta la ciudadanía a postergar su bienestar individual en pos de un ordenamiento fiscal que todavía no impacta positivamente en el poder adquisitivo de los salarios.
La encuesta, realizada por Jorge Giacobbe le preguntó sobre el tema a 2.500 personas, entrevistados entre el 4 y el 9 de este mes. El porcentaje más fuerte viene del lado de los que dicen que no aguantan «nada»: 41,9%. A favor del Gobierno, en segundo lugar aparece un 27,5% que asegura poder resistir 4 años más.
Si se analizan estos porcentajes, vinculados con la economía y la situación social, coinciden con el escenario político. En la mayoría de los sondeos hay un 40% de encuestados que es muy crítico de Milei y poco menos de 30 que lo sostiene desde que asumió.
El resto de las cifras vinculadas con el aguante a la situación actual: 15,1% responde que puede resistir «6 meses«, 8,2% «1 año«, 3,5% «2 años«, 2,8% «3 años» y 1% «ns/nc«.
A diferencia de los primeros meses de gestión, donde la justificación de la herencia recibida funcionaba como un amortiguador eficaz frente al impacto de las medidas, los datos actuales muestran un desplazamiento en la atribución de responsabilidades. Si bien un sector duro de la población —estimado en el tercio que sostiene el piso electoral del oficialismo— se muestra decidido a prolongar su expectativa de espera por más de un año bajo la promesa de una estabilización definitiva, las franjas intermedias y los sectores no polarizados manifiestan señales de agotamiento inmediato. La brecha entre una percepción macroeconómica moderadamente esperanzadora y una realidad microeconómica fuertemente contractiva se ensancha, dejando en evidencia que un porcentaje mayoritario de los consultados afirma haber agotado sus capacidades de ahorro y recorte presupuestario familiar, situando su límite de resistencia en el corto plazo o declarando, de forma directa, que su situación financiera ya resulta insostenible.
El desgaste se manifiesta con especial énfasis al desagregar las variables demográficas, donde los estratos socioeconómicos bajos y las regiones más dependientes de la actividad comercial interna reflejan los índices de desaprobación más agudos. El fenómeno altera el clima social y enciende luces de alerta en los despachos oficiales, dado que el pesimismo respecto al futuro económico personal a doce meses vista ha comenzado a superar las expectativas de mejora por primera vez en lo que va del ciclo gubernamental. La tensión entre sostener el rumbo fiscal y contener el descontento de una clase media severamente afectada define el desafío inmediato de una administración que, de acuerdo con los datos analizados, se enfrenta al desafío de convertir las proyecciones técnicas de las consultoras en un alivio palpable para el bolsillo antes de que los plazos de la paciencia colectiva se agoten de manera definitiva.
