El debate parlamentario alrededor del Súper RIGI —el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones enfocado en industrias del futuro— sumó un severo cuestionamiento técnico desde el plano de la planificación estratégica. El centro de investigación Fundar publicó un documento analítico donde advierte que el proyecto oficialista, que acaba de obtener dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, amenaza con profundizar los vicios estructurales del RIGI original, promoviendo un escenario donde el Estado cede soberanía fiscal a cambio de un derrame económico abstracto o inexistente.
El diagnóstico elaborado por la organización que conduce Martín Reydó no objeta la necesidad imperiosa de atraer capitales para desarrollar sectores de frontera —como la economía del conocimiento, las tecnologías emergentes, la minería y la energía—. El foco de la crítica del plan ejecutado por Javier Milei y Luis Caputo radica en la preocupante desconexión entre las facilidades otorgadas y el beneficio social estratégico. Según Fundar, la iniciativa incurre en una marcada paradoja doctrinaria: mientras la administración central descalifica históricamente cualquier política industrial por considerarla intervencionista o fiscalmente dañina, convalida simultáneamente un paquete de beneficios tributarios, cambiarios, aduaneros y regulatorios sin parangón en las últimas décadas, desprovisto de exigencias regulatorias elementales para los beneficiarios.
El documento arroja luz sobre la experiencia acumulada con el RIGI vigente para demostrar la brecha sustancial entre las expectativas oficiales y la realidad macroeconómica. El centro de estudios revela que, de los 124.000 millones de dólares anunciados con bombos y platillos por el Ejecutivo bajo el amparo del régimen actual, apenas se hicieron efectivos 762 millones de dólares. Esta distorsión encuentra su génesis en el propio diseño normativo, que otorga la totalidad de los beneficios de manera inmediata a cambio de desembolsos iniciales mínimos (apenas un 40% del piso de inversión requerido durante los primeros dos años). Adicionalmente, el informe resalta una fuerte concentración sectorial, donde el 90% de los proyectos se focalizan en el upstream de Vaca Muerta y en la extracción de litio, desarrollos que ya se encontraban planificados y resultaban largamente rentables con anterioridad a la vigencia de la ley.
El cuestionamiento de Fundar coincide temporalmente con reparos técnicos formulados desde vertientes ideológicas disímiles, como los informes críticos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea —conducido por Osvaldo Giordano—, que catalogó al instrumento como «otra isla en el océano de distorsiones» tributarias. Lejos de proponer una impugnación total, el think tank delineó una serie de reformas urgentes para el tratamiento en el recinto de Diputados, donde el oficialismo, respaldado por legisladores aliados como Daiana Fernández Molero (PRO), aspira a darle media sanción en una sesión especial fijada para el 24 de junio. Entre las enmiendas propuestas por Fundar figuran la obligatoriedad de integrar un porcentaje mínimo de proveedores tecnológicos locales, condicionar los incentivos fiscales al cumplimiento efectivo de metas de exportación, pautar inversiones obligatorias en investigación y desarrollo (I+D) para universidades nacionales, y restituir la jurisdicción de los tribunales argentinos antes de ceder de forma directa ante tribunales de arbitraje internacionales.
