La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de frenar y retirar el pliego de designación de la doctora María Verónica Michelli como jueza de un Tribunal Oral Federal desató un firme y coordinado rechazo por parte de entidades civiles, asociaciones profesionales y sectores del propio oficialismo. El bloqueo de su postulación, ordenado por Karina Milei y Javier Milei, está fundamentado en razones de parentesco con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon (de quien es cuñada), fue tipificado por los organismos firmantes como un peligroso precedente que atenta contra los principios de idoneidad, mérito e independencia del Poder Judicial.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un duro comunicado en el que manifestó su «profunda preocupación» ante la medida gubernamental. Para la entidad técnica, excluir a una concursante que había superado todas las instancias académicas, la evaluación del Consejo de la Magistratura y que contaba con un dictamen favorable en el Senado de la Nación constituye una desprolijidad que vulnera el principio constitucional de idoneidad para el acceso a las funciones públicas. Las organizaciones civiles adherentes remarcaron que el lazo familiar con un trabajador de prensa no puede obrar de ninguna manera como un factor de descalificación o castigo político.
El caso de Michelli, cuya designación contaba originalmente con el consenso de los bloques aliados, expuso además cortocircuitos políticos y una inesperada interna legislativa. El retiro del pliego —atribuido por fuentes del Congreso a una orden de la Secretaría General de la Presidencia encabezada por Karina Milei al enterarse del parentesco— provocó una fuerte reacción dentro de las propias filas de La Libertad Avanza. La senadora oficialista e integrante de la Comisión de Acuerdos, Carmen Álvarez Rivero, anticipó públicamente que ejercerá su derecho a la «objeción de conciencia» para diferenciarse del Poder Ejecutivo y mantener su postura de acompañamiento a la postulación de la magistrada, argumentando que el mérito técnico de la candidata no debe ser neutralizado por directivas ajenas al proceso de selección.
Desde Integridad Republicana también expresaron su «profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo.»
Ante las «muy serias sospechas» de que «ese inusual proceder» sería el parentesco de Michelli con el periodista, «la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria.»
Para la entidad que preside Carlos Negri, «Si así fuera, se trataría de un hecho sumamente grave, porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano. Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios.»
«Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país. La República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones», concluye el comunicado.
Integridad Republicana está conformada por personalidades con larga trayectoria en la defensa de las instituciones y la cultura democrática. Entre ellos, Horacio Moavro, Osvaldo Perez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz, Marcela Campagnoli.
También se manifestó la agrupación Será Justicia, que el sábado emitió una declaración en la que se condena el retiro del pliego de Michelli como «un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”.
“Desaprobamos la improcedente conducta del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo la organización en un documento firmado por su presidenta, Inés Arias, y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico.
“El referido pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, reclamaron desde el grupo de abogados.
“Se trata de una evidente e inaceptable maniobra que no sólo afecta un proceso de selección que cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen (nueve miembros que representan la mayoría necesaria), sino que trasunta un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión, otro de los pilares de nuestro sistema republicano”, concluyó el comunicado.
“La postura asumida por el Poder Ejecutivo Nacional no sólo contraría la voluntad expresada por la Comisión del Senado responsable de concluir el proceso, sino además resulta de dudoso apego a las normas reglamentarias y de transparencia en la selección de magistrados, así como al debido respeto por el sistema constitucional de división de poderes”, señalaron desde Será Justicia.
