El Senado abrirá este miércoles el debate en comisión sobre el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone limitar la intervención del Estado en la organización interna de las empresas y modernizar el régimen societario vigente desde 1972.
La discusión comenzará a las 15.30 en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora libertaria Nadia Márquez, en una reunión informativa en la que funcionarios del Gobierno expondrán los principales lineamientos del texto.
Sturzenegger irá al Senado a defender la reforma
El encargado de presentar la iniciativa será el propio Federico Sturzenegger, quien concurrirá acompañado por la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y por el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez.
El objetivo del oficialismo es comenzar a explicar el alcance de una reforma que apunta a modificar de manera profunda el funcionamiento de las sociedades comerciales, bajo una premisa central: reducir la tutela estatal sobre la forma en que los socios organizan sus negocios.
Qué busca cambiar la reforma de la Ley de Sociedades
Uno de los ejes del proyecto es que las normas de la ley pasen a tener un carácter supletorio, es decir, que rijan solo en ausencia de previsiones específicas en el estatuto de cada sociedad.
En otras palabras, la iniciativa busca que sea el estatuto societario el que defina la organización interna de la empresa, sus reglas de funcionamiento y los mecanismos de resolución de conflictos, dejando al Estado un rol más acotado.
Según los fundamentos del proyecto, la intención es “terminar con la tutela estatal sobre cómo los socios organizan sus negocios” y limitar las restricciones públicas a casos excepcionales.
Menos intervención estatal y menos trabas de los registros
El texto establece que las restricciones estatales deberán ser excepcionales y de interpretación restrictiva. Además, plantea que los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten aquello que la ley permite.
De esta manera, el oficialismo busca eliminar parte de las trabas burocráticas que hoy pesan sobre la constitución y funcionamiento de las sociedades.
Otro de los cambios relevantes es que el objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades, una modificación que apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para desarrollar distintos negocios dentro de una misma estructura jurídica.
Sociedades automatizadas, DAO y uso de inteligencia artificial
Entre las novedades más llamativas del proyecto aparece la incorporación de nuevas figuras societarias adaptadas a la economía digital.
Por un lado, se crea la figura de la “Sociedad Automatizada”, pensada para operar mediante algoritmos o inteligencia artificial, sin necesidad de empleados para su funcionamiento ordinario.
Por otro, se reconoce a las DAO (organizaciones autónomas descentralizadas), estructuras total o parcialmente autónomas que pueden funcionar con participaciones tokenizadas y registros en blockchain.
La inclusión de estas figuras busca adaptar la legislación societaria a nuevas formas de organización empresarial basadas en tecnología, automatización y activos digitales.
Conflictos bajo derecho extranjero y arbitraje
La reforma también habilita que las sociedades puedan someter sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional.
Además, permite incorporar cláusulas arbitrales en los estatutos para resolver controversias por fuera de la Justicia ordinaria, con la intención de evitar la lentitud de los procesos judiciales y ofrecer mecanismos más ágiles para la resolución de disputas entre socios.
Domicilio electrónico, libros digitales y asambleas a distancia
Otro capítulo importante del proyecto está vinculado a la digitalización plena del funcionamiento societario.
La iniciativa prevé la incorporación del domicilio electrónico y la sede electrónica, además de habilitar libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de sociedades por firma digital o electrónica y la creación de un legajo digital público para cada empresa.
Según los fundamentos, estas herramientas buscan adaptar el régimen legal a una realidad en la que muchas compañías operan a través de plataformas, con estructuras remotas o equipos distribuidos, donde la presencia física ya no es el único modo de funcionamiento empresario.
Más opciones para hacer aportes a una sociedad
El proyecto también amplía el universo de bienes y activos que podrán utilizarse como aportes al capital social.
En ese sentido, se habilita la incorporación de bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones susceptibles de valoración económica y obligaciones de dar o hacer, de acuerdo con el tipo de sociedad y la regulación aplicable.
Para el Gobierno, este cambio permitirá reconocer el valor económico de activos intangibles, tecnológicos o digitales, que hoy resultan centrales para muchas actividades empresariales y que no siempre encajan con facilidad en el esquema societario tradicional.
Un debate que recién empieza en el Senado
La reunión de este martes será el primer paso formal del tratamiento parlamentario de una reforma que el Gobierno considera clave dentro de su agenda de desregulación y modernización normativa.
Aunque en esta etapa se tratará de una jornada informativa, el debate promete abrir una discusión de fondo sobre el rol del Estado en la vida societaria, la incorporación de nuevas tecnologías al mundo empresario y los límites de la flexibilización en un régimen legal que rige desde hace más de cinco décadas.
