La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia resolvió este martes en contra de la Argentina en el juicio iniciado por el fondo Titan Consortium, vinculado a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. El tribunal confirmó que el plazo de prescripción aplicable es de 12 años, dejando firme una condena que supera los US$390 millones, más los intereses posteriores.
El origen del conflicto por Aerolíneas Argentinas
La demanda tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó al Estado argentino a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.
Tras un pedido de nulidad presentado por el país, el laudo quedó definitivamente firme en 2019.
Cómo avanzó el juicio en Estados Unidos
Posteriormente, Titan Consortium, que adquirió los derechos económicos derivados del laudo como cesionario de Teinver y otras firmas, solicitó en 2021 el reconocimiento y la ejecución del fallo arbitral ante la Corte de Distrito de Columbia.
En 2024, ese tribunal rechazó el planteo argentino que sostenía que el caso debía regirse por un plazo de prescripción de tres años y resolvió que correspondía aplicar un período de 12 años.
Como consecuencia, reconoció el laudo del CIADI y fijó una condena de US$390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024, monto al que deben sumarse los intereses posteriores a esa fecha.
La decisión de la Cámara de Apelaciones
La Argentina apeló esa resolución insistiendo en que debía aplicarse un plazo de prescripción de tres años.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó íntegramente el criterio del tribunal de primera instancia y ratificó que el plazo válido es de 12 años, manteniendo vigente la condena superior a los US$390 millones.
La respuesta del Gobierno
Desde la Procuración del Tesoro informaron que el Estado nacional analiza «todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia».
Además, el organismo sostuvo que el litigio forma parte de «la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos».
