El Gobierno de Santa Cruz dispuso la desvinculación inmediata y definitiva de una funcionaria que se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen”, en Río Gallegos. La medida fue tomada tras conocerse que la funcionaria quedó bajo investigación judicial en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que desbarató redes de explotación sexual infantil.
Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, la ahora exdirectora fue demorada y se encuentra a disposición de la Justicia. Su caso está directamente vinculado al consumo de material de abuso sexual infantil, una de las aristas del despliegue coordinado a nivel global —basado en reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)— que involucró a 16 países y a diversas provincias argentinas.
Contexto del operativo
El procedimiento en Santa Cruz, que resultó en la desvinculación de la funcionaria, formó parte de una serie de 13 allanamientos simultáneos realizados en la provincia. El despliegue, a cargo de la División de Investigaciones y áreas de cibercrimen de la Policía provincial, arrojó un saldo de ocho personas detenidas y la identificación de menores de edad que quedaron bajo protección judicial.
Además del caso que involucra a la exfuncionaria, se allanó otro domicilio bajo la acusación de grooming, lo que refleja la magnitud de las tareas de cibercrimen desarrolladas en la región. Durante las intervenciones se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias informáticas para determinar el alcance de las conductas investigadas y posibles conexiones con redes internacionales.
Postura institucional
Desde el Ejecutivo provincial calificaron la decisión de desvincular a la funcionaria como una medida “rápida y responsable”, destinada a resguardar la integridad institucional y la confianza de la comunidad. La funcionaria, quien ocupaba el cargo desde octubre de 2024, era la responsable de la articulación de políticas sociales y diversas actividades recreativas en el CIC de Río Gallegos.
El Gobierno remarcó que acompaña el accionar de la Justicia y mantiene una postura firme frente a la gravedad de los delitos investigados. Actualmente, la causa se encuentra en plena etapa de análisis forense del material secuestrado, pericias que serán determinantes para definir la situación procesal de los involucrados.
