En medio de la controversia y las reacciones cruzadas tras la final de la Copa del Mundo, el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista en la Cámara de Diputados analizan volver a impulsar proyectos de ley para arancelar los servicios de salud pública y educación superior a extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina.
El debate cobró impulso tras una iniciativa ingresada en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Romo, junto a legisladores oficialistas y del PRO. El proyecto bonaerense contempla el cobro de prestaciones sanitarias programadas en hospitales provinciales y de aranceles universitarios a no residentes, garantizando la atención gratuita únicamente en situaciones de urgencia médica.
Herramientas vigentes y posturas en el Congreso
Desde la conducción del bloque de LLA en el Congreso de la Nación evaluaron la posibilidad de promover un «proyecto en espejo» en la Cámara baja nacional, abriendo la vía para que sea presentado por legisladores del espacio o enviado directamente desde el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, voces dentro del propio oficialismo y del ámbito educativo recordaron el marco legal vigente:
- Decreto 366/2025: Habilitó a las universidades de gestión estatal a «establecer retribuciones por los servicios de educación» para estudiantes extranjeros sin residencia permanente, modificando la Ley de Educación Superior.
- Autonomía universitaria: La aplicación de dicho arancelamiento depende de la decisión individual de cada casa de altos estudios, según precisó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
- Competencia provincial: Legisladores del Senado señalaron que la gestión de la salud pública primaria es jurisdicción de las provincias, por lo que una medida de alcance nacional requeriría de adhesiones locales.
El debate genera posiciones divididas en el arco político. En tanto sectores de la coalición gobernante sostienen que los recursos públicos deben priorizar a los contribuyentes locales, legisladores aliados de bancadas como el PRO consideraron que las discusiones sobre financiamiento educativo deben darse en un marco desprovisto de pasiones coyunturales.
