El Gobierno nacional activó un plan de contingencia de alto voltaje político en la Cámara de Diputados. La estrategia oficialista apunta a un doble objetivo: frenar el avance de la oposición dura que busca interpelar y remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni —investigado por supuestas irregularidades patrimoniales—, y asegurar la aprobación de dos proyectos económicos fundamentales antes de que concluya el mes.
Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Clarín, la mesa chica del oficialismo, encabezada en el Congreso por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, resolvió convocar de manera formal a la comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana. Con este movimiento, la gestión de Javier Milei pretende dar inicio al trámite institucional para evaluar el proceso contra Adorni, quitándole el argumento de la «inacción legislativa» a los sectores opositores más duros, integrados por el peronismo y bloques de izquierda, quienes aseguraban estar a escasos diez legisladores de alcanzar el quórum.
El impacto inmediato que busca el oficialismo es desarticular la sesión especial convocada de urgencia para este martes. La promesa de abrir el debate en comisión la semana entrante funciona como una válvula de escape y un «paraguas político» para los bloques dialoguistas, principalmente el PRO de Cristian Ritondo y sectores de la Unión Cívica Radical alineados con Pamela Verasay y Karina Banfi, quienes se encontraban atrapados en el dilema de acompañar la embestida opositora o quedar pegados al costo político de proteger al jefe de Gabinete.
Al desactivar la sesión de este martes, el oficialismo busca encauzar la actividad en el recinto hacia el día miércoles 24 de junio. Para esa jornada, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, planea impulsar el tratamiento del denominado «Súper RIGI» (el régimen de incentivos para grandes inversiones tecnológicas e industriales con pisos de 1.000 millones de dólares) y la ratificación del acuerdo por el pago a los denominados holdouts del default de 2001. Este último proyecto cuenta con media sanción del Senado y es considerado de máxima urgencia por el Palacio de Hacienda, dado que el plazo para cumplir con el fallo de la Justicia de los Estados Unidos vence antes de fin de mes. El éxito de la maniobra técnica diseñada en los despachos oficiales dependerá de la disciplina de sus aliados para vaciar las bancas este martes y copar el recinto 24 horas después.
