Un nuevo y alarmante episodio volvió a encender las alarmas en el seno del máximo tribunal del país y reactivó los esquemas de protección sobre sus miembros. El fiscal federal Carlos Stornelli requirió la apertura de una investigación penal formal con el propósito de determinar si el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, está siendo objeto de tareas de espionaje clandestino. La denuncia, motorizada por el Director de Seguridad de la Corte, Roberto Varela, se originó luego de que la custodia oficial del magistrado detectara a dos personas —una de ellas de nacionalidad venezolana— apostadas en las inmediaciones del domicilio particular de Rosatti en la capital santafesina, provistas de un trípode y cámaras fotográficas profesionales apuntando directamente hacia el ingreso de la vivienda en momentos en que se organizaba el traslado del juez hacia la ciudad de Buenos Aires.
El expediente quedó bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini, quien de inmediato convalidó las medidas urgentes solicitadas por el ministerio público fiscal. Entre las directivas se destaca la toma de testimonios al personal de la custodia y a los efectivos de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina, el relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir el itinerario de los sospechosos, y la profundización de los antecedentes de las personas que lograron ser identificadas en el lugar. Asimismo, la resolución judicial contempla la certificación de otras causas penales preexistentes vinculadas a la seguridad del magistrado para establecer si este seguimiento responde a un patrón coordinado de intimidación.
La hipótesis de un presunto esquema de hostigamiento sistemático contra el titular de la Corte no es nueva en los pasillos de los tribunales federales de Retiro. En los fundamentos de la causa se busca conectar este último episodio con una seguidilla de hechos de gravedad institucional documentados en los últimos años, que incluyen intentos de hackeo a sus dispositivos personales, la contratación de líneas telefónicas apócrifas a su nombre y el robo de declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura. El escenario se completa con antecedentes recientes de vulneración a su entorno, como el intento de robo de un vehículo oficial asignado a su función en Comodoro Py —hecho por el cual ya se dictó una condena efectiva— y episodios previos de intrusión en sus propiedades, lo que refuerza la sospecha judicial de que detrás de los presuntos incidentes aislados opera una motivación orientada a condicionar el ejercicio del jefe del Poder Judicial.
