La causa por presunto enriquecimiento ilícito que rodea a Manuel Adorni sumó un capítulo que en los tribunales de Comodoro Py se interpreta como un punto de inflexión. El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un exhaustivo informe pericial que convalida con rigor matemático las sospechas iniciales de los investigadores: los números de la economía familiar y del patrimonio del exjefe de Gabinete de Javier Milei simplemente no cierran.
El documento, elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) —el brazo contable especializado del Ministerio Público—, analizó de manera pormenorizada las declaraciones juradas del exfuncionario. Según confirmaron fuentes judiciales al tanto del contenido, el peritaje desnudó baches explicativos y desajustes significativos año a año en la evolución del patrimonio de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti, quien también se encuentra bajo el foco de la pesquisa por su rol en determinados gastos del núcleo familiar.
Este avance técnico provee el sustento necesario para que la fiscalía active el mecanismo específico que prevé el Código Penal para los delitos de enriquecimiento ilícito: el requerimiento de justificación. A diferencia de otros procesos penales, en este tipo de figuras es el investigado quien debe demostrar la licitud de los fondos que componen su crecimiento patrimonial. Quienes caminan los pasillos de los tribunales federales dan por hecho que este emplazamiento formal ocurrirá en el corto plazo, abriendo formalmente la antesala para un posterior llamado a declaración indagatoria.
Cabe recordar que el impacto de este expediente ya había condicionado la estructura del Poder Ejecutivo a finales de junio de 2026, cuando el propio Adorni se vio forzado a dejar su estratégico cargo ministerial en medio de los cuestionamientos públicos y el avance sigiloso de la justicia penal. Con el informe de la DAFI sobre el escritorio de Pollicita, la estrategia de la defensa técnica enfrentará ahora el desafío de justificar con documentación respaldatoria los agujeros negros detectados por los peritos contables de la Procuración.
