El plan del gobernador Gustavo Melella para reformar la Carta Magna de Tierra del Fuego sufrió un golpe judicial este miércoles, que lo deja al borde del abismo. Es que la jueza electoral de la provincia, Mariel Zanini, declaró la nulidad absoluta de la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes que estaba pautada para el próximo 9 de agosto, profundizando la crisis institucional y el feroz enfrentamiento que el Ejecutivo mantiene con el Parlamento fueguino.
En un fallo con un fuerte peso técnico, la magistrada determinó que el Decreto Provincial 0751/26 emitido por Melella padece de un «vicio en su causa y motivación». Según Zanini, el Ejecutivo realizó una interpretación errónea de los tiempos judiciales al convocar a las urnas cuando el proceso aún no contaba con «firmeza» jurídica.
El nudo judicial: ejecutoriedad vs. firmeza
El eje sobre el cual la jueza Zanini fundamentó la nulidad radica en que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia había condicionado explícitamente el avance del cronograma electoral a que no quedaran recursos pendientes.
- La traba en la Corte Suprema: actualmente, el proceso afronta una queja abierta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsada por el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos).
- El dictamen: la resolución aclara que una sentencia «ejecutable» en el plano local no equivale a una sentencia «definitiva e inmodificable». Al no haberse agotado la instancia federal en la Corte Suprema, el decreto del gobernador carece de legalidad, arrastrando a la nulidad a todos los actos preelectorales derivados.
Una pulseada «cuerpo a cuerpo» con la Legislatura
El fallo de la jueza Zanini no llega en el vacío. Funciona como un calco del clima político que se vive en Ushuaia, donde la oposición viene de propinarle a Melella una dura derrota legislativa el viernes pasado.
En una sesión clave, la Legislatura fueguina unificó fuerzas y rechazó el veto del gobernador a la ley que derogaba la necesidad de la reforma constitucional. Con una abrumadora mayoría de 11 votos a favor y solo 3 en contra, el Parlamento ratificó que el proceso iniciado en diciembre de 2023 debía quedar sin efecto.
El plan original de Melella contemplaba la elección de 15 convencionales para modificar 70 de los 211 artículos de la Constitución provincial. El Ejecutivo argumentaba que los legisladores no tenían la potestad de frenar un proceso electoral ya lanzado por decreto. Sin embargo, con el freno de la Legislatura por un lado y la nulidad dictada por la Justicia Electoral por el otro, la estrategia oficialista quedó completamente cercada.
Tras conocerse el fallo de la magistrada, desde el entorno de Melella adelantaron que insistirán con la judicialización de la pulseada para intentar reflotar los comicios. Por el momento, los fueguinos no irán a las urnas en agosto y el proceso de reforma constitucional quedó congelado.
