La obsesión del ministro de Economía Luis Caputo por exhibir un superávit fiscal inquebrantable ha encontrado su principal combustible en la denominada «motosierra», pero también en un mecanismo menos visible pero igual de efectivo: «pisar la caja». En las últimas semanas, la caída persistente de la recaudación impositiva —provocada por la recesión y la contracción de la actividad interna— obligó al Palacio de Hacienda a recalibrar su estrategia financiera. Para evitar una expansión de la emisión monetaria o un mayor endeudamiento con el sector bancario, el Gobierno Nacional decidió postergar los pagos correspondientes al Plan Gas, acumulando una deuda que ya alcanza los 220 millones de dólares con las empresas productoras.
El pasivo equivale prácticamente a tres meses de inyecciones del fluido (febrero, marzo y abril). Según fuentes del sector energético, la Secretaría de Energía apenas logró transferir en los últimos días un 40% del saldo que arrastraba pendiente desde enero. Si bien el flujo de producción en la cuenca neuquina y el desarrollo de Vaca Muerta no se han detenido, las principales operadoras privadas de la industria ya transmitieron su preocupación a las autoridades. El temor generalizado es que este ahogo financiero actúe como un efecto dominó sobre las empresas de servicios petroleros y contratistas menores, poniendo en riesgo la cadena de pagos justo en el período invernal de mayor demanda estacional.
Este escenario reactiva los fantasmas del conflicto vivido a comienzos de año con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). En aquel momento, la decisión oficial de congelar las transferencias a las generadoras eléctricas provocó un fuerte cruce corporativo e institucional que debió saldarse mediante la entrega de un bono de la deuda pública (AE38) a las empresas para cancelar los períodos de diciembre y enero. No obstante, las petroleras advierten que el esquema del Plan Gas posee dinámicas contractuales diferentes y un impacto más directo sobre las inversiones en boca de pozo.
Aunque el Gobierno se apoya en el fuerte incremento de las exportaciones de crudo de Vaca Muerta para relativizar el impacto del retraso, los analistas de la consultora EcoGo y del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi coinciden en señalar que la sostenibilidad fiscal del programa económico actual depende críticamente de no indexar deudas comerciales que luego se traduzcan en parates de infraestructura clave. Por ahora, el superávit financiero sigue cerrando en verde en las planillas oficiales, pero el costo de sostenerlo se traslada, una vez más, al balance de los proveedores del Estado.
