El origen socioeconómico sigue funcionando en la Argentina como una invisible pero rigurosa barrera de acceso al sistema educativo formal, incluso desde los primeros años de vida. Un reciente estudio titulado “Cobertura del nivel inicial: una comparación entre países de la región”, elaborado por la organización Argentinos por la Educación, encendió las alarmas al exponer las profundas asimetrías que persisten en el nivel inicial. La principal conclusión del documento —que compara la situación local con la de Chile, México, Perú y Uruguay— indica que en los estratos sociales más desfavorecidos del país, apenas el 41% de los niños de 3 años asiste al jardín de infantes, lo que representa el porcentaje de cobertura más bajo de toda la muestra regional para ese segmento.
El dato contrasta con el comportamiento de la matrícula en los sectores de mayores ingresos y medios, donde la asistencia en la sala de 3 alcanza el 63% y el 71% respectivamente, evidenciando una brecha que fragmenta las oportunidades de desarrollo cognitivo y social desde la primera infancia. La disparidad se vuelve aún más extrema al descender a la sala de 2 años: en este tramo, la escolarización es casi nula en el sector más pobre que ha sido perjudicado por las políticas de Javier Milei, con apenas un 10% de asistencia, frente a un 44% registrado en los hogares con mayor poder adquisitivo. Especialistas y académicos coinciden en que estas diferencias tempranas tienden a consolidar la desigualdad estructural, dado que el jardín funciona como un dinamizador de estímulos culturales y afectivos dentro del hogar.
A pesar de la crudeza de estas brechas, el informe también rescata una evolución histórica favorable en términos globales. En los últimos diez años, la Argentina experimentó un crecimiento sostenido en la escolarización temprana: la asistencia general a la sala de 3 años trepó del 40% en 2014 al 55% en 2024. Sin embargo, el desempeño general del país todavía se posiciona por debajo de vecinos regionales como Chile (82%), Perú (83%) —donde la sala de 3 posee carácter obligatorio por ley— y Uruguay, que lidera la región con una cobertura casi total del 93%. El escenario cambia sustancialmente a medida que los niños crecen: en la sala de 4 años la asistencia general se consolidó en un 91%, mientras que a los 5 años la cobertura alcanza niveles prácticamente universales en todas las capas sociales de la población.
Frente a este diagnóstico, investigadores de instituciones como el Centro de Investigación Aplicada en Educación (Ciaesa) y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señalan que la histórica caída en la tasa de natalidad en la región abre una ventana de oportunidad para reconfigurar el sistema educativo de manera estratégica. La escasez de oferta de gestión estatal para el ciclo que va desde los 45 días a los 3 años delega el cuidado y la estimulación temprana en el mercado privado o en las redes familiares informales. De acuerdo con las conclusiones del estudio, revertir esta fragmentación requiere de políticas públicas integrales con un fuerte foco presupuestario en infraestructura y equidad territorial, garantizando que el jardín de infantes deje de ser un privilegio de ingresos para transformarse en el primer eslabón real de inclusión social.
