En el marco del programa de reformas estructurales impulsado por el presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo nacional dejó listo un nuevo paquete legislativo orientado a profundizar la desregulación de la economía argentina. El anteproyecto, redactado bajo la coordinación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificaciones profundas en regulaciones históricas que abarcan el mercado farmacéutico, el sector vitivinícola, la comercialización de gas licuado, el sector editorial, la actividad financiera y el régimen tributario de las cooperativas.
Entre los ejes salientes de la propuesta figura la liberalización completa del mercado de venta de medicamentos sin receta, permitiendo su exhibición directa en góndolas fuera de las farmacias, como así también la autorización de canales de venta online con entrega a domicilio. Asimismo, la iniciativa elimina la intervención estatal en la fijación de precios, cupos de producción y márgenes de rentabilidad del gas licuado de petróleo, limitando la regulación pública únicamente a estándares de seguridad técnica en las garrafas. En el plano financiero, la norma propone digitalizar warrants y certificados de depósito para agilizar el crédito productivo, sumado a la posibilidad de utilizar criptomonedas como garantías formales en contratos y operaciones financieras.
Un aspecto central de las discusiones en la trastienda política fue la eventual inclusión de facultades delegadas extraordinarias por un plazo de seis meses para que el Ejecutivo continuara desregulando por decreto. Si bien dicho mecanismo llegó a redactarse en un borrador preliminar para acelerar la eliminación de normas sin requerir tratamiento parlamentario individual, la conducción de la Casa Rosada resolvió retirar esa cláusula del texto definitivo para evitar fricciones constitucionales y priorizar el consenso legislativo.
El paquete contempla además cambios tributarios relevantes, entre los que destaca la eliminación de la exención plena del impuesto a las ganancias para cooperativas con excedentes anuales superiores a los 500 millones de pesos, ajustando su marco normativo a la par del sector comercial privado. Esta nueva embestida desreguladora se suma a otros proyectos que el equipo de Sturzenegger impulsó tras la aprobación de la Ley Bases, como la iniciativa «Hojarasca» destinada a derogar leyes obsoletas y la reforma a la Ley General de Sociedades, buscando consolidar la apertura de mercados y la reducción del costo administrativo para la actividad privada.
