El mapa del empleo en la Argentina atraviesa una profunda metamorfosis empujada por la necesidad económica y el aumento de la desocupación. Según datos provistos por la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), la cantidad de choferes activos en plataformas de transporte (como Uber, DiDi, Cabify e InDrive) se duplicó desde la asunción del presidente Javier Milei, pasando de casi 300.000 trabajadores a finales de 2023 a un universo actual de 600.000 conductores en todo el país.
El fuerte incremento de la oferta responde directamente a la baja barrera de ingreso que posee el sector, transformándose en una red de contención inmediata para quienes pierden su puesto en el mercado formal. Pablo León, presidente de ACCAURA, explicó en declaraciones periodísticas que el perfil de los trabajadores cambió drásticamente en el último tiempo: el componente de rentabilidad que antes atraía a los conductores fue completamente desplazado por la urgencia. El rubro hoy cobija a una masa de profesionales despedidos, personas desplazadas de la clase media, jubilados que complementan sus haberes y un creciente porcentaje de mujeres jefas de hogar, mientras que los jóvenes optan mayoritariamente por las aplicaciones de delivery.
La radiografía del sector expone, además, un exigente esquema de supervivencia financiera. Para alcanzar un ingreso neto de $2.000.000 (dos millones de pesos) mensuales, un conductor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debe pasar entre 45 y 50 horas semanales frente al volante, con una facturación por hora que oscila entre los $12.000 y $15.000. La ecuación se vuelve dramática para aquellos que no poseen unidad propia: en el mercado existen unos 5.000 vehículos alquilados específicamente para este fin, con cánones semanales que ya se ubican entre los $380.000 y $400.000, o contratos de leasing que demandan cuotas semanales de hasta $460.000 durante tres años bajo condiciones leoninas de kilometraje y presencialidad.
Desde la asociación civil denuncian que este fenómeno de sobreoferta avanza bajo una absoluta desregulación que desprotege al eslabón más débil de la cadena. Al no existir un marco normativo, los choferes asumen el 90% del riesgo empresario: absorben comisiones de las plataformas que van del 25% al 50%, carecen de vacaciones pagas o licencias por enfermedad, y afrontan desamparos legales ante las compañías de seguros, que sistemáticamente rechazan la cobertura de siniestros si descubren que el vehículo realizaba transporte comercial no declarado.
Ante este panorama, las expectativas de mejora regulatoria a corto plazo son bajas. Pese a la existencia de recientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueven el reconocimiento de derechos laborales básicos para los trabajadores de plataformas, desde ACCAURA lamentan la falta de voluntad política para su ratificación. Con un Gobierno nacional que los encuadra estrictamente como «trabajadores independientes» y empresas que los denominan de manera corporativa como «socios conductores», el sector exige de manera urgente que los municipios abran mesas de debate para transparentar los algoritmos dinámicos y garantizar esquemas de remuneración mínima que detengan la precarización del transporte de pasajeros.
