El Ministerio de Defensa quedó en el centro de una tormenta judicial y política. La diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, formalizó una denuncia penal contra el exministro de Defensa de Javier Milei, Luis Petri, por presuntas irregularidades gravísimas en la adquisición de una aeronave destinada a la Fuerza Aérea Argentina (FAA). La presentación judicial apunta a los delitos de fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, salpicando tanto a las autoridades políticas de la cartera como a la cúpula militar encargada de las evaluaciones técnicas.
La investigación se originó a partir de una serie de revelaciones periodísticas publicadas por el diario Clarín, que expusieron las condiciones en las que se llevó a cabo la compra de un avión Embraer ERJ-140LR a la firma estadounidense Regional One Inc. por un total de 4.085.000 dólares. De acuerdo con la presentación de la legisladora, el valor de mercado real para este tipo de unidades obsoletas promedia los 2.300.000 dólares, lo que dejaría en evidencia un sobreprecio estimado en más de 1,7 millones de dólares.
El eje más alarmante de la denuncia penal radica en el plano técnico. Informes internos de la propia Fuerza Aérea Argentina —previos a la concreción del contrato— detallaron al menos 19 fallas estructurales y operativas de gravedad. Entre las deficiencias detectadas por los peritos aeronáuticos se encontraban signos avanzados de corrosión, fugas persistentes de aceite y un severo desgaste en los sistemas de mandos de vuelo. A pesar de estas advertencias explícitas que desaconsejaban la transacción, el Ministerio de Defensa avanzó con el proceso licitatorio, el cual, según el escrito de Pagano, habría estado presuntamente direccionado para favorecer a la empresa adjudicataria.
Como medidas de urgencia para proteger el patrimonio estatal, la diputada solicitó a la Justicia la parálisis inmediata de los pagos que aún restan ejecutarse, correspondientes a dos cuotas que suman un remanente de 2.285.000 dólares. Asimismo, requirió el dictado de la prohibición de salida del país y la retención de pasaportes para los funcionarios y militares involucrados, junto con el pedido de allanamientos simultáneos en el edificio Libertador (sede de Defensa) y en los despachos de la Fuerza Aérea para evitar la alteración o destrucción de los expedientes administrativos.
El exministro de Defensa y actual diputado buscó despegarse de la presunta corrupción en la compra aeronaves realizada por la Fuerza Aérea, y aseguró que él mismo denunció los hechos hace seis meses.
«Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa», se defendió Petri en X.
