La espera de casi veinte años para obtener una resolución judicial sobre uno de los escándalos políticos más emblemáticos del país ingresa en su etapa definitoria. El Tribunal Oral Federal N° 4 dará a conocer este lunes el veredicto en el juicio oral por el denominado «caso Skanska«, el primer expediente de corrupción estructural que sacudió los cimientos del kirchnerismo en sus inicios y que involucra un entramado de coimas, sobreprecios y facturación apócrifa en la infraestructura pública.
En el banquillo de los acusados se encuentran los exmáximos responsables de la planificación del Estado durante dicho período: el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López. La fiscalía, representada por Abel Córdoba, solicitó una condena de cinco años de prisión para ambos exfuncionarios, al hallarlos culpables de cohecho y fraude en perjuicio de la administración pública. La acusación detalla un esquema delictivo diseñado para direccionar las contrataciones vinculadas a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, una obra de emergencia energética licitada a mediados de los 2000.
El proceso penal, que comenzó formalmente su etapa de debate oral hace poco más de dos años, juzga las maniobras de la constructora sueca Skanska para presuntamente desviar fondos a través de empresas fantasma con el propósito de abonar retornos a integrantes del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de Nación Fideicomisos. Para la fiscalía, el mecanismo delictivo implicó el pago de un 5% en concepto de sobornos sobre el total de los contratos. Además de De Vido y López, el fiscal Córdoba requirió penas de cuatro años y seis meses de prisión para ocho exdirectivos y gerentes de la filial de la firma escandinava, mientras que solicitó la absolución para otros 17 enjuiciados.
La supervivencia del caso Skanska en los tribunales federales de Comodoro Py estuvo marcada por severas idas y vueltas técnicas. En 2011, la Cámara Federal dictó sobreseimientos masivos que casi archivan la causa definitivamente. Sin embargo, el expediente recuperó impulso vital gracias a la convalidación de un audio obtenido en un allanamiento. En esa grabación oculta de una auditoría interna corporativa, un gerente de la multinacional admitía explícitamente el pago de los retornos ilegales y la compra de facturas truchas para encubrir la salida del dinero. Pese a haber sido desestimada en primera instancia por presunta violación de la privacidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Federal de Casación Penal ordenaron reincorporar la escucha como prueba válida en 2015, destrabando el camino hacia el enjuiciamiento actual.
La jornada final en los tribunales prevé conceder espacio para las últimas palabras de los imputados restantes a partir de las 9:30, previo a que los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez se retiren a deliberar para dictar la sentencia definitiva. De ser hallados culpables, tanto De Vido como López sumarán un nuevo antecedente penal a sus extensas listas de condenas por malversación de fondos públicos e irregularidades en la gestión estatal.
