La industria del libro y la cadena editorial en Argentina han vuelto a declarar el estado de alerta tras la circulación de un nuevo borrador impulsado por el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger. El proyecto de reforma incluye la derogación de la Ley 25.542 (conocida como Ley del Libro o Ley de Protección a la Actividad Librera), una normativa sancionada a comienzos de 2002 que establece el régimen de precio fijo de venta al público para las publicaciones editadas en el país.
El intento de eliminar este marco regulatorio restituye una propuesta que ya había sido incluida en la versión original del proyecto de Ley Bases a fines de 2023 y posteriormente retirada durante las negociaciones parlamentarias. Desde el sector señalan que la eliminación de la tarifa uniforme expondría a las librerías independientes a una competencia desigual frente a grandes cadenas comerciales y plataformas digitales capaces de fijar descuentos agresivos.
Argumentos de la industria y la Fundación El Libro
Frente a esta iniciativa, tanto la Cámara Argentina del Libro (CAL) como la Fundación El Libro y colectivos de editores independientes han expresado un rechazo unánime, fundamentado en los siguientes puntos clave:
- Protección del eslabón más débil: La Ley 25.542 exige que el precio de cada título sea fijado uniformemente por el editor para todos los puntos de venta. Esto permite que las librerías de barrio e independientes compitan en igualdad de condiciones de precio con las grandes cadenas de retail.
- Diversidad bibliográfica y catálogo: Las librerías pequeñas y medianas suelen dar espacio a sellos pyme y autores de nicho o emergentes. Según informes del sector, la desregulación en otros países, como Inglaterra, derivó en la concentración del mercado en bestsellers comerciales y el cierre masivo de comercios tradicionales.
- El libro como bien cultural: El consenso de la cadena de valor defiende que el libro no debe ser tratado como una mercancía commoditizada, sino como un vehículo de democratización de la cultura y la lectura a nivel federal.
La Ley 25.542 fue promulgada en enero de 2002 con amplio consenso político y sectorial. De acuerdo con estadísticas de la Cámara Argentina del Libro, desde la entrada en vigencia de la norma, la red de librerías en el país se multiplicó significativamente, permitiendo sostener una industria donde cerca del 77% de las novedades editoriales son publicadas por PyMEs.
