Un profundo descontento atraviesa al sector del transporte de cargas y pasajeros en la provincia de Buenos Aires. Tras la puesta en marcha del nuevo régimen para obtener o renovar la licencia de conducir profesional (categorías C, D y E) de carácter interjurisdiccional, trabajadores «del volante» denuncian una desmedida suba en los costos operativos del trámite, el cual pasó de costar alrededor de $20.000 a rozar los $250.000.
La controversia surge a partir del Decreto 196 emitido por el Ejecutivo Nacional en marzo de 2025, el cual dio de baja la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) y delegó a los estados provinciales la homologación de estos carnet. En Buenos Aires, el nuevo sistema exige realizar un examen psicofísico y capacitaciones teórico-prácticas con una carga horaria de 20 horas —sustancialmente superior a los esquemas previos— antes de culminar el trámite en los centros de emisión municipales.
La controversia por los costos y el cruce político
El mayor reclamo de los conductores radica en la privatización de las instancias previas de evaluación. Mientras los municipios cobran un arancel administrativo de entre $20.000 y $39.000 por la expedición del plástico, las instituciones y prestadores privados autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) exigen entre $150.000 y $180.000 para llevar a cabo los estudios psicofísicos y los cursos obligatorios.
El incremento derivó en duras acusaciones cruzadas en el ámbito político. Desde la oposición bonaerense, el diputado provincial Manuel Passaglia tildó el mecanismo de «un nuevo negocio» al señalar que varias de las sedes evaluadoras habilitadas pertenecen a la estructura del sindicato de Camioneros. Por su parte, la ANSV deslindó responsabilidades al argumentar que el organismo nacional solo fija lineamientos técnicos de seguridad vial, dejando la determinación de aranceles y la designación de prestadores bajo el criterio de la administración de Axel Kicillof. Ante el malestar acumulado y las fallas en el inicio del trámite, el Ministerio de Transporte bonaerense analiza aplicar una prórroga de 60 días para la entrada en vigencia del sistema.
