La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, experimentó una aceleración clave en las últimas horas. Por orden del Juzgado de Garantías y bajo las directivas directas del fiscal José Arias, las fuerzas de seguridad ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad de Concordia, desplazando el foco de la pesquisa desde el patrimonio familiar del dirigente político hacia su presunto entramado de intermediarios económicos.
El centro de los operativos fue el empresario local Salvador Carubia, a quien los investigadores judiciales señalan en el expediente como una pieza fundamental dentro del supuesto esquema de ocultamiento patrimonial del exmandatario. Los procedimientos policiales incluyeron el registro de tres locales comerciales vinculados al rubro de la construcción y terminaciones decorativas: dos sucursales de la conocida firma Colorshop (ubicadas en Avenida San Lorenzo Este y en la intersección de Urquiza y Salta) y el establecimiento Super Color, sobre la Avenida Independencia. Allí, los agentes contables retiraron libros de comercio y documentación financiera a fin de rastrear posibles flujos irregulares de dinero o participaciones encubiertas.
Sin embargo, el golpe logístico más significativo tuvo lugar en la zona norte de Concordia, precisamente en la residencia particular de Carubia dentro del barrio privado Altos de Zorraquín. De acuerdo con fuentes policiales locales citadas por medios provinciales como Concordia Policiales y El Entre Ríos, la División Investigaciones secuestró en ese domicilio un teléfono celular, dos computadoras portátiles y un pendrive. Dichos dispositivos serán sometidos de inmediato a peritajes informáticos con el objetivo de recuperar correos electrónicos, registros de mensajería y transferencias comerciales que puedan corroborar las sospechas judiciales.
Esta nueva ofensiva judicial no es un hecho aislado, sino la derivación de una serie de pesquisas previas. A principios de mayo, la fiscalía había ordenado el allanamiento de las propiedades declaradas por el propio Bordet, incluyendo su vivienda familiar sobre la calle Urquiza y una casa de fin de semana en el barrio cerrado Village Termal de Villa Zorraquín. Según trascendió de fuentes del caso publicadas por el diario Clarín, el hallazgo en esos inmuebles de mobiliario de alta gama y de un valor de mercado que no coincidía con las declaraciones juradas del exgobernador —quien declaró los bienes con presuntas subvaluaciones— proporcionó a los peritos los indicios comerciales necesarios para apuntar directamente hacia los proveedores y presuntos financistas de su entorno, derivando en los recientes operativos sobre Carubia.
La causa penal, iniciada formalmente hace dos años a raíz de la denuncia de un particular basada en las declaraciones juradas presentadas por Bordet al asumir su banca en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de 2023 (según registros de Infobae), busca determinar si el incremento en los bienes del exmandatario durante sus dos períodos al frente del Ejecutivo provincial resulta compatible con sus ingresos legítimos como funcionario público.
Como contrapartida, Gustavo Bordet rompió el silencio tras conocerse los procedimientos y lanzó duras críticas hacia el rumbo tomado por el Ministerio Público Fiscal. A través de un comunicado de prensa, el actual legislador del Partido Justicialista (PJ) calificó las medidas de «absurdas» y consideró que se trata de un «circo mediático judicial» motivado por tiempos electorales. Bordet argumentó que la relación con el empresario Salvador Carubia fue estrictamente comercial, circunscrita a la construcción de un inmueble hace seis años, y defendió su inocencia asegurando que la Justicia no ha hallado cuentas en el exterior ni sociedades fantasmas en el expediente. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de objetividad del fiscal Arias y le reclamó públicamente dar un paso al costado para garantizar la imparcialidad del proceso.
