En lo que representa una de las reformas estructurales más profundas y polémicas para el sector de la salud pública en las últimas décadas, el Gobierno nacional de Javier Milei oficializó una desregulación total del mercado farmacéutico y de la cadena de comercialización de medicamentos. Mediante un decreto emitido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la administración central derogó las normativas vigentes que concentraban de forma exclusiva la venta de cualquier tipo de fármaco dentro de los establecimientos farmacéuticos tradicionales. Con este nuevo marco normativo, los comercios minoristas no especializados —tales como cadenas de supermercados, autoservicios, kioscos y almacenes de barrio— quedan formalmente autorizados para exhibir y vender al público general medicamentos calificados como de venta libre, tales como analgésicos, antitérmicos, antiácidos y protectores gástricos de uso común.
La hoja de ruta oficial fundamenta la medida en la necesidad de desmantelar monopolios comerciales, incrementar los canales de distribución y fomentar una mayor competencia de precios en un rubro que impacta de manera directa en el presupuesto familiar. El decreto no solo altera los puntos de expendio físicos, sino que además introduce modificaciones operativas críticas para las farmacias tradicionales: se eliminan las trabas para la apertura de nuevos locales, se liberalizan por completo los horarios de atención al público y se suprime la obligación de que los establecimientos sean propiedad exclusiva de profesionales farmacéuticos, abriendo las puertas al desembarco masivo de sociedades anónimas y grandes cadenas internacionales de retail. Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la digitalización de las recetas y los controles cruzados de la autoridad sanitaria nacional garantizan la seguridad del sistema sin necesidad de sostener regulaciones de mercado corporativas que encarecen el acceso a los insumos básicos.
La reacción de los colegios profesionales de farmacéuticos y de los sindicatos de la salud no se hizo esperar, manifestando un enérgico rechazo y alertando sobre las consecuencias sanitarias de la medida. Las entidades que agrupan a los profesionales del sector advirtieron que tratar al medicamento como una mercancía común y corriente, desprovista de la supervisión de un profesional matriculado, fomenta la automedicación irresponsable, incrementa el riesgo de intoxicaciones graves y facilita la circulación de fármacos adulterados fuera de la cadena de custodia sanitaria. Mientras los equipos jurídicos de las cámaras farmacéuticas evalúan recurrir a los tribunales federales mediante recursos de amparo para frenar la aplicación del decreto, los grandes operadores logísticos y comerciales ya comenzaron a adecuar sus estructuras para incorporar las góndolas de medicamentos a su oferta cotidiana.
