La tensión se respira en cada rincón de Leesburg, un apacible pueblo de Virginia ubicado a escasos kilómetros del verdadero Pentágono estadounidense. Allí, en un reacondicionado campus universitario, funciona el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), el auténtico cerebro informático y de inteligencia que monitorea el Mundial. En ese búnker de alta tecnología, rodeados por quince pantallas gigantes que diseccionan cada centímetro de los estadios, una reducida comitiva de especialistas lidia con el partido catalogado como el de mayor riesgo en lo que va del torneo: el choque entre la Argentina de Lionel Scaloni y la selección de Inglaterra en Atlanta.
Las alarmas del FBI no se encendieron por capricho. La seguridad estadounidense arrastra el trauma latente de las horas previas al debut de la Selección contra Argelia en Kansas, cuando un tirador solitario provocó una tragedia callejera que rozó de milagro a una comitiva de hinchas albicelestes. Ese suceso reconfiguró las prioridades colonizando la obsesión de las agencias federales, que ya han neutralizado y derribado más de un centenar de drones sospechosos en los perímetros de los estadios para prevenir hipotéticos ataques terroristas.
Para el duelo ante los británicos, el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos de Argentina, Franco Berlin, junto al comisario mayor Alejandro Eboli —un experto convocado de manera directa por los enlaces del FBI en Buenos Aires—, intentaron mitigar los riesgos planteando una división orgánica del estadio de Atlanta. Sin embargo, la burocracia comercial de la FIFA, representada en el centro de mando por Phil Walker, bajó el pulgar a la separación de las parcialidades bajo el argumento de que los tickets ya estaban vendidos de forma mixta. Ante la imposibilidad de segregar las tribunas, se optó por un filtro inédito en el torneo: los argentinos ingresarán estrictamente por la Puerta 4 y los ingleses lo harán por la Puerta 3.
El despliegue en las inmediaciones rozará lo militar. Un ejército de 1.200 policías uniformados, apoyados por 600 agentes de seguridad privada y escuadrones de caballería, custodiarán los accesos. Puertas adentro, las tribunas contarán con un fuerte componente de policías de civil enfocados en vigilar de cerca a unos 300 hinchas argentinos bajo la lupa. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad que encabeza Alejandra Monteoliva, estos individuos están fichados por sus vínculos con las barras bravas locales, aunque formalmente no arrastran restricciones judiciales que les impidan el ingreso a las canchas norteamericanas como sí ocurre con los miles incluidos en el programa Tribuna Segura y el sistema Halcón de Migraciones.
El factor político y geopolítico es el otro gran frente de batalla. Las autoridades del comité organizador local han bajado una orden draconiana: tolerancia cero a cualquier elemento que pueda interpretarse como una provocación o un mensaje ideológico. Los anillos de control retendrán banderas, pancartas o camisetas que exhiban la silueta de las Islas Malvinas o la inscripción «Falklands». La premisa del FBI es desactivar cualquier chispa antes de que el fuego se vuelva incontrolable en las gradas. Mientras tanto, en los escritorios del IPCC en Virginia, los policías argentinos se debaten entre la estricta vigilancia de las pantallas y la ilusión de acompañar a la delegación a la cancha si el sueño de la final se vuelve realidad.
