El debate por la reconfiguración del sistema energético argentino ha sumado un capítulo de alta tensión política y económica. El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley de «medidas energéticas» orientado, según el discurso oficial, a normalizar el sector y reducir la carga de subsidios. Sin embargo, la letra chica de la iniciativa reabrió una fuerte polémica al incluir un mecanismo de compensación de deudas para las empresas distribuidoras de electricidad que alcanza la exorbitante cifra de 1.842 millones de dólares. El dato saliente es la extrema concentración del beneficio: apenas tres operadores —Edenor, Edesur y el Grupo DESA— aglutinan 1.257 millones de dólares, equivalente al 69% del pasivo total que mantiene en vilo al mercado mayorista.
De acuerdo con las planillas oficiales remitidas por la Jefatura de Gabinete al Parlamento, el Grupo DESA, comandado por Rogelio Pagano y controlador de las firmas bonaerenses Eden, Edes, Edelap, Edea y la salteña Edesa, encabeza de forma consolidada el ránking de beneficiarios con un pasivo de 474 millones de dólares. De manera individual, la mayor acreencia con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) le pertenece a Edenor, firma propiedad de los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, con 438 millones de dólares; mientras que Edesur, bajo el control de la italiana Enel, completa el podio con 345 millones de dólares. El proyecto oficial asoma como un segundo intento tras el fracaso legislativo a fines del año pasado, cuando el oficialismo buscó insertar un articulado similar en el tratamiento del Presupuesto.
El entramado que rodea la implementación de la medida añade una capa de suspicacia respecto a eventuales conflictos de intereses en la función pública. El encargado de llevar adelante el mecanismo de compensación y condonación es Damián Sanfilippo, actual subsecretario de Energía Eléctrica, quien antes de asumir el cargo se desempeñó como director de suministros del Grupo DESA y ocupó la gerencia general de Eden. En defensa del proyecto, la secretaria de Energía, María Tettamanti, argumentó ante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que las deudas son el resultado directo de dos décadas de congelamiento y pesificación tarifaria. Según la funcionaria, la propuesta busca canjear estos pasivos por los llamados «activos regulatorios» —ingresos que las empresas dejaron de percibir por decisiones estatales—, exigiendo a cambio que las prestatarias renuncien a iniciar demandas judiciales contra el Estado Nacional.
Esta encrucijada reactiva un debate histórico en el entramado macroeconómico y de servicios públicos de la Argentina. Mientras el sector corporativo y las autoridades energéticas insisten en que la condonación es la única vía para garantizar las inversiones mínimas de mantenimiento y evitar un colapso en la calidad del servicio, sectores de la oposición y especialistas en regulación advierten sobre la discrecionalidad del perdón fiscal a grandes holdings, en paralelo al fuerte ajuste tarifario que impacta sobre los usuarios residenciales y comerciales. Con las cartas sobre la mesa y los antecedentes de rechazo en el período legislativo previo, la viabilidad de la reforma dependerá del nivel de cohesión que el oficialismo logre articular en las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda.
