La crisis del sistema de salud privado en la Patagonia ha alcanzado un punto crítico. Cámaras prestadoras de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut han formalizado la suspensión de todas las intervenciones quirúrgicas programadas para los jubilados y pensionados de PAMI. La medida responde a una ecuación económica que los prestadores califican como «insostenible»: costos operativos disparados por insumos dolarizados e inflación, frente a aranceles estatales que han quedado totalmente rezagados.
En La Pampa, la medida cuenta con el respaldo de instituciones de trayectoria como el Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y la Fundación Faerac. Los directivos de estos centros señalan dos factores determinantes:

- Desactualización de nomencladores: Los valores que paga PAMI por las prestaciones no cubren los costos reales de funcionamiento.
- Falta de insumos: Existen demoras críticas en la provisión de prótesis por parte de los proveedores, lo que impide garantizar la seguridad de las cirugías.
Desde la conducción de PAMI, admitieron que el organismo atraviesa un escenario de «estrés presupuestario». Si bien aseguraron que el planteo de las clínicas está bajo evaluación y prometieron convocar a una instancia de diálogo, no se han ofrecido soluciones concretas hasta el momento.
Por su parte, los referentes del sector privado advirtieron que la medida no tiene un plazo de finalización. De no recibir respuestas inmediatas, el conflicto podría escalar y afectar también las consultas ambulatorias y los estudios de diagnóstico por imágenes.

A pesar de la restricción en las cirugías programadas, los establecimientos sanitarios aclararon que se mantendrá la atención de urgencias y casos críticos para evitar una saturación mayor en el sistema de emergencias.
También afirmaron que la atención general sigue condicionada a la resolución del conflicto financiero que expone la fragilidad del esquema sanitario regional ante el avance de la inflación.
El financiamiento de la salud privada en la región depende directamente de la agilidad en los pagos de la mayor obra social del país, cuyo financiamiento actual no logra compensar el impacto de los insumos médicos vinculados a la moneda extranjera.

