La fisonomía institucional y el ritmo de trabajo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires atraviesan una transformación sin precedentes. El máximo órgano judicial del territorio porteño pasó de recibir 1.610 causas anuales en 2024 a acumular un total de 6.826 expedientes durante el período de 2025. Este crecimiento geométrico, que multiplica por más de cuatro veces el volumen habitual de ingresos, responde de manera directa a la consolidación de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el «fallo Levinas», el cual ratificó al TSJ como la instancia última de apelación sobre las sentencias dictadas por la justicia nacional con asiento en la Capital Federal.
El impacto más agudo de este nuevo mapa jurisdiccional se concentra en el ámbito del derecho del trabajo. De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas por el tribunal, el 66% de los expedientes ingresados corresponden a litigios laborales —un total de 4.490 casos—, motorizados principalmente por demandas por despidos y reclamos vinculados a accidentes de trabajo. Ante este escenario, la «corte porteña» no solo se vio obligada a inaugurar una nueva sede edilicia junto al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para albergar la creciente estructura de personal especializado, sino que debió fijar pautas doctrinarias urgentes: en el reciente fallo “Boulanger c/ Provincia ART”, el tribunal estableció que la actualización de las indemnizaciones por siniestros laborales debe realizarse mediante el índice Ripte, dejando sin efecto la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que venía utilizando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Para evitar una parálisis administrativa frente a la saturación de carpetas, el TSJ, presidido por la magistrada Inés Weinberg de Roca, puso en marcha una licitación pública internacional con un presupuesto estimado de 550.000 dólares enfocada en el desarrollo e implementación de un sistema de inteligencia artificial. La herramienta tecnológica, cuyas ofertas económicas y técnicas se revelarán de manera oficial el próximo viernes 29 de mayo, proyecta estar plenamente operativa antes de la finalización del corriente año y contará con la participación de las principales firmas del sector de software locales y extranjeras.
La incorporación de algoritmos al proceso de gestión judicial ya generó rispideces en el ámbito corporativo de los letrados. El Tribunal Superior implementó un formulario digital obligatorio de registro de datos que actúa como filtro previo a la revisión del software, una medida que motivó el reclamo formal del presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra. Los representantes profesionales manifestaron su preocupación ante el riesgo de que la omisión de estos campos técnicos derive en el rechazo automático de los recursos presentados. Desde la conducción del TSJ aclararon que el sistema —que operará con una base de datos cerrada y bajo estricta supervisión humana— procesará de manera automatizada la admisibilidad formal, la clasificación temática y los resúmenes jurisprudenciales, con el objetivo de agilizar las tareas de las secretarías y garantizar un acceso público eficiente a los fallos del tribunal.
