A través de un comunicado de su Comité Nacional, el radicalismo fijó postura en contra del proyecto oficialista que elimina límites a la compra de campos por parte de extranjeros. El debate en el Senado se postergó para agosto.
La Unión Cívica Radical (UCR) expresó su enérgico rechazo a la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional en el Senado de la Nación, donde el debate de la denominada ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» debió ser postergado para el próximo 6 de agosto ante la falta de consensos para su aprobación.
A través de un duro comunicado de prensa del Comité Nacional, el partido centenario argumentó que el proyecto oficialista apunta a «eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país».
La postura institucional busca marcar la cancha en un Senado donde el radicalismo cuenta con 10 bancas clave. Sin embargo, el posicionamiento partidario, conducido por Leonel Chiarella, convive con tensiones internas: mientras los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama rechazan abiertamente la reforma, los siete legisladores restantes mantienen dudas o responden a gobernadores alineados con la Casa Rosada.
En el comunicado emitido por la UCR, se defendieron los pilares de la legislación vigente —de la cual el partido se declaró pionero—, la cual establece: un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, un límite del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo productiva.
La prohibición de venta de tierras en zonas de frontera o que contengan cuerpos de agua como lagos y ríos.
El radicalismo advirtió que la propuesta oficial de delegar en cada provincia la definición de sus propios criterios de venta podría derivar en una «desregulación preocupante». Asimismo, el texto partidario citó ejemplos de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Francia, que aplican restricciones estrictas sobre la propiedad extranjera de la tierra.
«Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente», enfatizaron desde la conducción radical, manifestando también su preocupación por el intento oficial de flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones de uso del suelo por hasta 60 años tras un incendio.
«Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables», concluyeron en el documento.
